Río Negro

Catedral: “No puedo afirmar que haya corrupción, pero el negocio es tan ruinoso que es llamativo”

Alejo Ramos Mexía es legislador del Frente para la Victoria y su terruño es Bariloche. Crítico de las gestiones municipal y provincial, atendió a Diario Legislativo y dejó importantes definiciones sobre el tema del momento en la zona Andina: La concesión hasta 2056 de la explotación del principal recurso turístico rionegrino, el Cerro Catedral.

-¿Cómo se explica al resto de la sociedad rionegrina lo que está pasando con la concesión del Cerro Catedral?

-Ocho años antes que venza el plazo, el intendente firmó una prórroga por 30 años más en la más clara ilegalidad y por fuera de las normas de contratación del Estado.

-¿Por qué?

-Debería ser por licitación pública. La Carta Orgánica Municipal le da un tratamiento especial al cerro. Además de la licitación pública debe presentar un plan estratégico que está en las disposiciones transitorias.

-¿Nada de eso se cumple?

-Construyeron este proyecto en base a la mentira de que el municipio perdió el juicio que Capsa hizo sobre quién era el titular del poder concedente. Capsa buscó desconocer a la municipalidad como autoridad de poder concedente.

-¿Y la justicia?

-La justicia terminó diciendo que el poder concedente está en Bariloche.

Los defensores de la prórroga dicen que las inversiones comprometidas en el contrato actual se hicieron todas y que si no se prorroga, el cerro queda ocho años sin nuevas inversiones.

-Hicieron casi todas las inversiones del plan, lo que es cierto, pero no se les impide seguir haciendo inversiones en su negocio.

-¿Casi todas?

-La mentira es que hicieron todas las inversiones, cuando por ejemplo les faltó hacer la planta depuradora en el área Catedral.

-También dicen que sin seguridades de continuidad, no habrán nuevas inversiones.

-Que se presenten a una licitación y ganen.

Ramos-Mejía 4b

-¿Entonces si hicieran la licitación está bien el plazo de ocho años antes del vencimiento del contrato?

-Un procedimiento licitatorio internacional lleva un plazo bastante largo.

-¿Qué dicen los vecinos?

-Es un proyecto que no tiene consenso en el seno de la sociedad barilochense. Nadie quiere que se entreguen las tierras, 70 hectáreas valiosísimas.

-¿Sospecha que haya corrupción cuando se habla de tantos millones de dólares?

-Eso no lo puedo afirmar. Hicimos una denuncia penal por cómo se desarrolló el proceso porque se incumplieron todas las normativas. Hay abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. El negocio es tan ruinoso que es llamativo. El Estado pierde potestad sobre las tierras. Los 22 millones de dólares los invierte Capsa son para Capsa y es el Estado el que tiene que llevar los servicios.

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