Río Negro

Al financiamiento del Ente de la Región Sur le faltan 2.100 millones de pesos en los últimos cinco años

Después de varios años de postergaciones, el gobierno de Mauricio Macri promovió un acuerdo nacional para cumplir con el Fondo del Conurbano Bonaerense que venía congelado desde hacía más de una década y sólo en 2017 le hizo perder a la gobernación más grande de la Argentina 52.350 millones de pesos. Para eso, el resto del país debió firmar un pacto fiscal de achique que afectó incluso a las jubilaciones, lo que es leído desde el Interior del país como una nueva apuesta al centralismo y desde la política como la proyección nacional de la gobernadora María Eugenia Vidal.

Ahora bien, una situación similar salvando las distancias se está dando en Río Negro.

Es que la Constitución Provincial creó los entes de Desarrollo de la Región Sur y de Conesa. Al primero lo dotó de un financiamiento anual equivalente al 2,5 por ciento del Presupuesto General anual. Al segundo, del 1,25 por ciento.

De acuerdo a una simple cuenta realizada por el bloque de legisladores del FpV, sólo entre 2013 y 2017, el Ente de Desarrollo de la Región Sur perdió entre lo que debía recibir y lo que efectivamente recibió, la friolera de 2.102 millones de pesos, debido a que en promedio recibió un 10 por ciento de lo que le correspondía por la sanción de una ley reglamentaria que contradecía la manda constitucional.

Fondo Ente Región Sur 11

Debido a este desfinanciamiento en 2011 el abogado y productor ganadero de la región, Gastón Lauriente,  planteó una acción de inconstitucionalidad por omisión y para que se ordene a la Legislatura provincial el dictado de una ley para que el gobierno provincial cumpla, con lo dispuesto en la Constitución rionegrina en 1988 en relación a disponer para este Ente el 2,5% de las rentas generales.

Como respuesta, el STJ exhortó a la Legislatura a adecuar la legislación vigente a la Constitución “para dar cumplimiento efectivo a lo dispuesto” por la carta magna provincial.

Un proyecto de ley para dar respuestas a la problemática perdió estado parlamentario en 2016, luego de haber tenido dictamen favorable de la comisión de Planificación y Asuntos Económicos.

Ahora,  los legisladores (FpV) Alejandro Marinao y Javier Iud vuelven a la carga con otra iniciativa que procura el cumplimiento de la Constitución para el financiamiento del Ente con el siguiente cronograma de porcentajes:

Año 2019: 20% (veinte por ciento).
Año 2020: 35% (treinta y cinco por ciento).
Año 2021: 50% (cincuenta por ciento).
Año 2022: 65% (sesenta y cinco por ciento).
Año 2023: 80% (ochenta por ciento).
Año 2024: 100% (cien por ciento).

En un momento de finanzas maltrechas, ¿Habrá voluntad para discutir este proyecto?

 

 

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