Congreso Nacional Río Negro

María Emilia Soria quiere que los ministros y funcionarios que dejan sus cargos rindan cuentas

La diputada nacional María Emilia Soria (FpV) presentó un proyecto de ley para que los ministros y funcionarios que dejen sus cargos rindan cuentas ante el Congreso de la Nación, independientemente de las razones de la salida del cargo, su gestión y brindar las explicaciones e informes que los diputados y senadores estimen convenientes. E

El proyecto de ley encuentra similitudes y antecedentes con el denominado Juicio de Residencia, que fue instituido en Roma y luego en el virreinato, también instituido en la Constitución Uruguaya de 1967 y en las Cartas Orgánicas Municipales de Madryn y Ushuaia. Juan Bautista Alberdi, en sus Bases y Puntos de Partida, establecía un instituto similar que luego no fue sancionado en la Constitución de 1853, que en cambio tomó los antecedentes anglosajones de Juicio Político instituido en la Constitución fallida de 1826.

JUICIORESIDENCIA

La diputada María Emilia Soria señaló: “Al momento de su salida del cargo, ya sea por renuncia, remoción, destitución o reemplazo en otro cargo público, los ministros deben rendir cuentas y dar las explicaciones pertinentes en el Congreso, que es la casa del pueblo”.

“Los funcionarios públicos deben regirse por los principios de legalidad, transparencia y honestidad. ¿Entonces por qué no tener la obligación de rendir cuentas sobre sus responsabilidades en el ejercicio de la función pública?”, consignó con elocuencia la diputada del FpV.

“El cargo de Ministro, pensado en nuestro diseño constitucional, importa una delegación de facultades ejecutivas propias del Presidente de la Nación, pero en personas que no fueron elegidas mediante el voto popular. Por ello la Constitución prevé ciertos mecanismos de control parlamentario como el juicio político y la interpelación de los Ministros del art. 71, así como la obligación del Jefe de Gabinete de Ministros a concurrir al Congreso al menos una vez por mes, para informar de la marcha del gobierno”.

MES

“En este marco, resultaría altamente saludable y sumamente democrático y republicano, imponer la obligación a los ministros y Jefe de Gabinete de rendir cuentas de su gestión por última vez en el Congreso”, finalizó la diputada María Emilia Soria.

Juicio de Residencia, una institución con historia

Encuentra los antecedentes, relacionados a nuestra historia, en el derecho indiano, cuando se sometía a los virreyes, gobernadores y magistrados coloniales a una investigación sobre su responsabilidad como funcionarios, debían dar explicaciones de sus actos de gobierno, no siendo solo una facultad de la corona española sino una obligación del funcionario saliente.

HC

Juan Bautista Alberdi en el proyecto de Constitución Nacional receptó el juicio de residencia en el artículo 86: “El Presidente es responsable, y puede ser acusado en el año siguiente al periodo de su mando por todos los actos de gobierno en que haya infringido intencionalmente la Constitución, retardando el progreso del país, retardando el aumento de la población, omitiendo la construcción de vías, embarazando la libertad de comercio, o exponiendo la tranquilidad del Estado” (“Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina”). Explicaba Alberdi que la responsabilidad de los encargados del poder público era otro remedio de prevenir los abusos en la función pública.

En la Constitución de 1853 se impuso el concepto anglosajón Juicio Político, dejando de lado la institución del denominado “juicio de residencia”, con antecedentes en la Constitución de 1826 que tomó las premisas de la “primer Constitución” sancionada en Argentina en 1819.

“Puerto Madryn y Ushuaia institucionalizaron en sus respectivas Cartas Orgánicas Municipales el Juicio de Residencia”

Asimismo, la Carta Orgánica de Puerto Madryn (1994) estableció en el artículo 194: “Los funcionarios que ocupen cargos electivos, así como los secretarios, subsecretarios y demás cargos políticos, no podrán abandonar el ejido municipal hasta después de cuatro meses de terminadas sus funciones, salvo expresa autorización del Concejo Deliberante por estar sometidos a Juicio de Residencia”. En la misma línea que Tierra del Fuego, su capital Ushuaia lo estatuyó en el artículo 255 de su Carta Orgánica Municipal (2002).

También la Constitución uruguaya de 1967 instituyó el Juicio de Residencia en el país oriental.

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