Opinión

Todos queremos que haya menos abortos – Magdalena Odarda*

La clandestinidad la criminalización y las muertes por abortos no seguros nunca más serán política de Estado en Argentina de sancionarse la ley de interrupción involuntaria del embarazo.

Todos queremos que haya menos abortos. Pero los abortos existen y ocurren todos los días en distintos rincones de la Argentina. Nadie puede negar esta realidad.

Por eso, y desde una visión laica que se abstrae de todo condicionamiento confesional o metafísico y que ubica en el ámbito privado las decisiones individuales, es el Estado quien debe intervenir y romper con la clandestinidad, garantizando que el sistema de salud de la Nación asegure la integridad física y psicológica de todas las mujeres argentinas.

En virtud de ello es que no estamos decidiendo con este proyecto de ley si la mujer debe abortar o no, sino en qué condiciones lo hará.

Esta ley se inscribe en una línea histórica que profundiza el Estado laico y “creador de derechos individuales y colectivos”, que quizá dio sus primeros pasos con la sanción de la ley 1420 de educación laica, gratuita y obligatoria, y se completó con la ley de divorcio vincular, la ley de patria potestad compartida, la ley de educación sexual, la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, entre otras.

Lo que se discute es si una mujer que aborta debe ir presa o no, y si interrumpir el embarazo de modo seguro o inseguro, seguirá dependiendo o no de su condición económica como ha ocurrido hasta el momento.

Es evidente que la criminalización no ha sido eficaz para bajar el número de abortos.

Pero si ha resultado absolutamente eficaz para poner en riesgo o provocar la muerte de miles de mujeres que acuden a la clandestinidad porque el Estado siempre prefirió mirar para otro lado.

Quizá uno de los avances más importantes que esta ley incorpora, es el título dedicado a la educación sexual a la que considera un verdadero “derecho”, y que hoy no se hace efectiva por falta de voluntad política evidenciada en un presupuesto irrisorio y en la nula vocación por el cumplimiento de los programas de educación sexual por parte de los responsables políticos del sistema educativo argentino.

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Es oportuno indicar también que esta omisión institucional, fue salvada en muchos casos, por la decisión de los trabajadores de la educación o por las propios establecimientos educativos que en muchos casos, sin contar con los medios adecuados, tomaron la responsabilidad de llevar adelante los programas de educación sexual en algunas provincias.

Con la sanción de esta ley, nuestra sociedad va a poner blanco sobre negro y comprenderá que las desigualdades sociales condenan a las mujeres en condición de pobreza, a practicar abortos en situaciones infrahumanas por falta de un Estado presente.

Asimismo los argentinos tendremos la seguridad que ninguna mujer será obligada a interrumpir su embarazo, porque su consentimiento debe ser explícito luego de un proceso que garantice a la mujer el derecho para que pueda decidir en forma libre e informada.

Esta ley se inscribe en una línea histórica que profundiza el Estado laico y “creador de derechos individuales y colectivos”, que quizá dio sus primeros pasos con la sanción de la ley 1420 de educación laica, gratuita y obligatoria, y se completó con la ley de divorcio vincular, la ley de patria potestad compartida, la ley de educación sexual, la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, entre otras.

* Senadora Nacional – RIO

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