Río Negro

Matzen propone estatizar los registros del automotor

Los diputados nacionales Lorena Matzen y Martín Lousteau (UCR) impulsan un proyecto para que se estaticen los Registros del Automotor, hoy en manos privadas. El objetivo es que la recaudación vaya a las arcas del Estado nacional.

Los Registros regulan todo lo concerniente a la inscripción de la propiedad de los automotores, sus trámites posteriores y a los créditos prendarios. El primero fue creado en el año 1958 bajo el Decreto Ley 6582. Esa norma tuvo varias modificaciones, como la del Decreto 335 aprobado el 3 de marzo de 1988, hasta la constitución del Ente Cooperador ACARA (Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina), dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación durante el gobierno de Carlos Menem, donde adquieren carácter privado.

Ahora, los diputados quieren que la función que actualmente desempeñan los encargados titulares de registros sea ejercida por un funcionario público, que formará parte de la Administración Pública Nacional. Ese cargo se cubrirá por medio de concursos de oposición y antecedentes y, además, se prevé que la administración Pública Nacional evaluará absorber prioritariamente al personal que actualmente se desempeña en los registros seccionales.

Así, buscan quitarle la discrecionalidad al otorgamiento de los Registros y que su administración sea estatal.

Entre los fundamentos de la iniciativa, se aclara que los “recursos con los que actualmente se financia la actividad que perciben los actuales Encargados de Registro serán percibidos por el Estado Nacional a partir de la fecha de transferencia efectiva del servicio”.

Además, se establece que “los trámites” en los Registros “deberán abonar el arancel que fije” el gobierno nacional”, según los “aranceles deberán ser establecidos mediante montos fijos en moneda nacional, pudiendo únicamente diferenciarse los valores entre automotores, motovehículos y maquinaria agrícola, vial o industrial”.

Otro artículo de la iniciativa plantea que “la tasa del impuesto será del 1% sobre el valor que arroje la operación” y la “Administración Federal de Ingresos Públicos queda facultada para establecer agentes de retención o percepción que estime necesarios a efectos de asegurar la recaudación del gravamen”.

En los fundamentos, los diputados advierten que “la registración de automotores es uno de los servicios públicos que desde más larga data ha sido tercerizado por el Estado”, lo cual, difiere “curiosamente del vasto universo de registros de que dispone el Estado Nacional”. Resaltan que la “actividad de registración es eminentemente pública y debe siempre ser llevada a cabo en dependencias administrativas estatales por empleados públicos y bajo la conducción de autoridades de carrera y/o políticas”.

Luego, agrega que la “actividad tercerizada genera un margen de rentabilidad importante”, que “opera como la principal fuente de motivación en la decisión de los particulares para asumir esta función”. Aclaran que actualmente “su intervención no excede la mera intermediación”. También explican -en lo jurídico- “el encargado de registro ha traído como consecuencia controversias en sede administrativa y judicial”, planteándose si “son funcionarios públicos o, por el contrario, realizan un ejercicio liberal de la profesión”, como también, “si tienen o no relación de empleo con el Estado”.

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