Río Negro

Suma rechazos el proyecto de bajar la edad de imputabilidad

El Movimiento Evita de Río Negro, cuyo máximo referente institucional es la diputada nacional Silvia Horne, rechazó y repudió enérgicamente el proyecto de modificación del Régimen Penal Juvenil, que pretende bajar la edad de punibilidad, a pesar de que las estadísticas muestran una ínfima incidencia de jóvenes menores de 15 años en hechos delictivos, expresado aún, por la propia ministra Patricia Bullrich.

“La demagogia del gobierno de Mauricio Macri intenta desviar el debate tratando de instalar el miedo en la sociedad, evitando dar respuestas al desempleo, al mega endeudamiento, al tarifazo, la inflación, etc., problemas reales que perjudican a la gran mayoría del pueblo argentino”, afirman desde el Movimiento Evita.

“Decimos no a la baja, porque creemos en que con un estado presente que garantice sus necesidades primordiales en el acceso a la educación, a la salud, posibilidades laborales genuinas y bien remuneradas, acceso a la cultura y la recreación, acompañamiento y contención en sus luchas contra el consumo problemático, un estado fuerte en la lucha real contra el narcotráfico, se puede cambiar la realidad de miles de jóvenes en peligro socio penal brindándole un nuevo proyecto y perspectiva de vida”, expresa.

El Movimiento Evita de Río Negro sostiene también que “este proyecto solo estigmatiza y vulnera aún más los derechos de nuestrxs pibxs de los barrios populares, quienes siempre son los más perjudicados por las políticas neoliberales de éstos gobiernos antipueblo, dejándolos a la deriva fuera del sistema!!”, por este motivo exige “políticas inclusivas para todos los pibes” y “la ley de Emergencia en adicciones ya”.

Evalúan además que “el impacto que quiere crear Bulrich,  o Mauricio Macri, con el título catástrofe, que es un clásico preelectoral, no se condice con los datos ciertos que da el propio poder judicial, tanto la Procuración de Justicia de la Provincia de Buenos  Aires, la más  comprometida, como en nuestro caso el STJ, que impulsa una Ley Penal Juvenil, y  donde las personas menores de edad en la comisión de delitos  no superan el 6% de los casos”.

Destacan que “en cambio, en los crímenes cometidos por fuerzas de seguridad, que constituyen delitos graves, como la tortura, o el homicidio, las víctimas menores de edad si constituyen un porcentaje muy alto, que no se registra estadísticamente”.

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